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Reforma eléctrica, clave para recuperar soberanía y seguridad energética, afirman en el Senado

Especialistas afirmaron en el Senado que la reforma eléctrica presentada por el titular del Ejecutivo Federal es un gran avance para garantizar la soberanía energética de México; además, coincidieron en que el ramo energético es un sector estratégico para la seguridad nacional, por lo que el Estado debe mantener su rectoría. 

Durante el Foro: “La Reforma Eléctrica, un paso en la recuperación de nuestra soberanía energética”, la senadora Blanca Piña Gudiño afirmó que la aprobación de este proyecto marcará uno de los momentos más significativos de la actual Legislatura. 

La legisladora de Morena indicó que la reforma energética de la pasada administración fue “una traición a la patria”, pues enterró los logros y beneficios de la nacionalización de las industrias petrolera y eléctrica, las cuales fueron el soporte de la economía nacional durante años. 

Por ello, indicó, la Cuarta Transformación prometió recuperar la soberanía y seguridad energética, erradicar la corrupción en los contratos, revertir la privatización y el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Hoy estamos en la antesala de este acontecimiento histórico”, subrayó la senadora. 

Debido a la transición energética global, añadió, se prevé que para 2040 la totalidad de los automóviles de gasolina serán reemplazados por vehículos eléctricos, lo cual demuestra la importancia de la industria del litio durante los próximos años, por lo que es necesario considerarlo como un recurso estratégico. 

A su vez, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, destacó la labor del actual gobierno para recuperar a la CFE y a Pemex, instituciones a las que consideró “las dos sólidas piernas, para marcar con un paso firme el camino de las y los mexicanos rumbo a la recuperación”. 

Afirmó que la propuesta tiene un perfil prometedor para la industria; sin embargo, dijo que es necesaria una nacionalización completa, total e integral de la industria eléctrica, es decir, que se prohíba toda inversión de capital nacional y extranjero en el ramo: “una limpia completa de la industria eléctrica”, detalló.   

Silvia Ramos Luna, secretaria general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros, recalcó que la iniciativa presidencial busca recuperar la rectoría del Estado en materia de electricidad y regresar al pueblo lo robado con la reforma energética de 2013, la cual desmanteló el patrimonio energético. 

Asimismo, denunció que las empresas generadoras de energía eléctrica en el Istmo de Tehuantepec despojaron de sus tierras a muchas comunidades y asesinaron a quienes se opusieron al despojo; mientras que el resto de la infraestructura se abandonó para permitir que la industria privada siga ganando dinero.  

“La energía no es sector económico, sino una dimensión estructural de la economía con impacto en toda la vida social. Es un sector estratégico, no es una mercancía”, sentenció. 

Ángel Balderas Puga, analista del sector energético, coincidió en que la energía eléctrica no es cualquier mercancía, sino un elemento fundamental para la seguridad nacional. En ese sentido, informó sobre diversos casos alrededor del mundo en el que los Congresos se opusieron al desmantelamiento de sus instituciones energéticas. 

Además, manifestó que, a partir de la llegada de la actual administración, el Poder Judicial obstaculiza todos los intentos del Presidente de la República para regular y recuperar, al menos, una parte del sector. “Los jueces están sirviendo a intereses extranjeros”, declaró.  

El coordinador de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, Juan Carlos Escalante Aguilar, señaló que la propuesta es de gran importancia para el país, ya que apunta hacia la recuperación de un rubro fundamental para el desarrollo de la nación, desde el punto de vista económico, político, social y cultural. 

Reconoció el objetivo de revertir los daños que la tendencia privatizadora genera; sin embargo, señaló que aún se requiere tomar en cuenta a las y los usuarios, quienes demandan servicios de calidad y tarifas acordes a su situación económica.