CITA TEXTUAL

Periodismo Independiente

Derechos políticos de la Mujer

Democracia sin Fronteras

Enrique Andrade

@e_andradeg

Apenas hace 67 años que en México se reconoció el derecho de la mujer para votar en las elecciones, después de promulgada la Constitución de 1917, la mujer no pudo ejercer su derecho al voto durante 36 años, algo que hoy parece increíble, como lo era esa disposición vigente de la ley electoral que solamente reconocía a los varones el derecho de estar inscritos en la lista de electores y por lo tanto el derecho de votar y ser votados.

El derecho al voto en México fue resultado de la lucha de las feministas en el mundo que logran que la ONU adopte en 1953, La Convención Internacional Sobre Los Derechos Políticos de la Mujer, en donde se reconocen por los países miembros los derechos de votar, de ser votadas y de participar en todos los cargos públicos, sin discriminación alguna. En E.U.A. se había reconocido el voto en 1920, en España en 1931, Brasil en 1932, Francia en 1944, en Argentina en 1947 y el más reciente fue Arabia Saudita en 2011.

En nuestro país se reconoce en ese año, la lucha de muchas mujeres por conquistar este derecho de igualdad frente a los hombres; se termina por lo menos en la ley, la injusticia política que había prevalecido en la sociedad mexicana y por primera vez se empieza a romper el pacto patriarcal y los miedos de una sociedad machista de incorporar a esa mitad que habían excluido de la toma de decisiones públicas.

1953 fue apenas el inicio de una nueva lucha; la del poder ser postuladas para ocupar los cargos públicos a que tenían derecho. Tuvo que ser con las acciones afirmativas que iniciaron hasta 1996, que se obligó a los partidos políticos a postular primero 30, luego 40 y finalmente 50% de candidatas mujeres a los cargos de elección popular. 2014 es el año en que finalmente existe en la Constitución el principio de paridad en las postulaciones.

El largo camino para cumplir la ley no ha sido fácil, se han tenido que ir identificando y sancionando las prácticas de evasión de la norma y de las cuotas de paridad; fenómenos como el de las juanitas, que las hacía renunciar a su cargo para que el suplente hombre fuera el que ejerciera el mismo, el de postular a mujeres en distritos perdedores, el de no otorgar financiamiento a sus campañas, o la violencia de genero, que les impide competir por un cargo o ejercer el mismo en libertad. Practicas que se han ido cambiando a golpe de acuerdos del INE y de sentencias del Tribunal Electoral Federal, impulsados principalmente por las consejeras del INE y las Magistradas electorales de la Sala Superior. El camino hacia la igualdad sustantiva se ha pavimentado con sentencias de paridad emblemáticas, como la 12624/2011, o las recientes 116 y 121 de 2020, que generan criterios de interpretación claros sobre paridad e inclusión.

Así en 2018 finalmente se alcanza el anhelo de tener la legislatura de la paridad, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, un logro que ha demostrado la importancia de la presencia de las mujeres en los cargos de decisión política. Un año después se tienen dos herramientas nuevas para avanzar en el tema; la reforma constitucional llamada de paridad en todo, que obliga a que en los tres niveles y poderes de gobierno exista la paridad en su conformación, gabinetes del ejecutivo, federal, estatales y municipales y las reformas a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que fortalecen el sistema institucional para prevenir y sancionar la violencia.

 Ya en este proceso electoral gracias a un acuerdo impulsado por la Comisión de Genero del INE y confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, de las 15 candidaturas a gobernador en los estados en donde se renueva el poder ejecutivo estatal, 7 deben de ser mujeres, lo que es un avance real para lograr la paridad ordenada por la  Constitución, ya se tienen 16 candidatas para gobernadoras; estas nuevas medidas afirmativas son el producto de la lucha de los colectivos de mujeres y de un trabajo conjunto de las autoridades  administrativas y jurisdiccionales, como lo señaló en el día de la mujer,  la Magistrada de la Sala Superior,  Mónica Soto.

El Covid 19 no ha detenido el avance de los criterios e interpretaciones legales para que la paridad en todo sea real, habrá que esperar su cumplimiento y las decisiones que tomará la ciudadanía el próximo 6 de junio para finalmente distinguir su resultado en la realidad; poder tener más gobernadoras, más presidentas municipales y más alcaldesas, solo así se sabrá la efectividad de las medidas adoptadas.

Lo que si ha hecho el Covid es visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres y dejarnos ver que la pandemia ha sido mas cruel con las mujeres, que tienen que redoblar esfuerzos en su casa cuidando a los enfermos y a sus hijos, en su trabajo para no perderlo y al mismo tiempo sentir como aumenta la violencia en su contra; queda claro que la lucha aún no termina y su presencia política es cada vez más necesaria.

Las próximas legisladoras están llamadas a abordar los temas pendientes de la agenda femenina; prevenir y sancionar la violencia en su contra de forma definitiva; impulsar programas sociales que les ayuden y les cuiden, reinstaurar las guarderías y despenalizar el aborto, temas propios de la generación de la igualdad sustantiva con rumbo al 2030.