CITA TEXTUAL

Periodismo Independiente

Democracia Sin Fronteras

Enrique Andrade, ex consejero del INE

@e_andradeg

Estás conmigo o en mi contra, este parece ser el único análisis que cabe respecto de las decisiones que se toman por parte de las autoridades electorales, poco importan los argumentos, las pruebas, los precedentes o los expedientes que se tienen, sino al final lo importante es la percepción que queda en la mayoría respecto a si fue una decisión justa o injusta, dependiendo a que partido benefició y si es con el que uno se identifica. No hay objetividad en el análisis ni reflexión, incluso la realidad de lo que se resuelve queda en segundo término.

En el caso de las sanciones electorales que han acaparado la atención, lo que poco se ha dicho es la incongruencia que existe en la norma, el que sea  la misma autoridad que tiene en sus manos la organización de la elección, la promoción del voto y el anuncio del resultado,  la que tenga también la posibilidad de bajar a un candidato de la competencia; algo que no solamente resulta incongruente sino en verdad muy riesgoso para cuidar lo que es el bien jurídico mayor, la democracia, el voto y las elecciones. 

La propuesta sería que tal como sucede con los procedimientos sancionadores, el análisis de estas sanciones corresponda a la Sala Especializada del Tribunal Electoral y no al órgano administrativo. Esto le quitaría notoriedad al INE y lo alejaría de las amenazas e insultos en su contra que hemos visto en estos días y que son totalmente inaceptables.

El INE se ha quedado en medio de una lucha de campaña, y ambos lados jalan agua a su molino descuidando lo principal, la institución que ha costado tanto construir. Justo la prudencia de un juez o de un arbitro es valorar no solamente los hechos que se analizan y las penas aplicables, sino las consecuencias de la sanción que se puede imponer, si un arbitro de “foot ball” pudiera sancionar una falta con la expulsión de todo el equipo, por que no se le informó a la femexfut, el método de selección de su entrenador, debe de valorar si esto es lo que realmente conviene y estar consiente que si lo hace, el partido termina; saber que quien paga las consecuencias son los aficionados del equipo y los asistentes al encuentro. Los contendientes tampoco pueden decir que si esto sucede destruyen el estadio.

El viernes pasado hubo un interesante debate en el Tribunal Electoral (TEPJF) respecto a los casos de Guerrero y Michoacán que, aunque no son casos iguales resultan ser muy parecidos, en la discusión quedaron claros algunos elementos en los que estuvieron de acuerdo la mayoría de las Magistradas y Magistrados.

1.-El partido político es el principal responsable de informarle al INE quienes son los precandidatos para que se pueda así rendir el informe de gastos, situación que no realizó en ambos casos, ni en Guerrero ni en Michoacán. Morena por ello recibió una sanción de más de 6 millones de pesos, que se confirmó.

2.- Hubo dudas respecto a los tiempos en que se les notificó a los precandidatos de su obligación de rendir el informe y si se hizo de forma personal por el partido y por el INE; no queda claro que se les haya informado de la falta y de sus consecuencias.

3.- El partido político presentó los informes respectivos, pero fuera de tiempo.

4.- La sanción de perdida de registro atenta contra los derechos políticos fundamentales de votar y ser votado y por lo tanto se le ordenó al INE valorar cual es la sanción correcta tomando en cuenta que no es la única.

Me quedó la impresión de dos cosas: el Tribunal Electoral funcionó como lo que es el VAR en el foot ball, invitó al INE a que viera todas las posibilidades de sanción, pero dejo la responsabilidad en sus manos, tal como sucede con el arbitro en la cancha, así lo había hecho hace cinco años en el caso de David Monreal. No pateo el balón como se ha dicho.

La discusión en el Tribunal Electoral dejó en claro que existen dudas respecto a la sanción para los precandidatos y en el caso de que nuevamente se tenga que revisar seguramente se tendrá que valorar el dolo en el actuar de los precandidatos, la gravedad de la falta y el monto involucrado.