CITA TEXTUAL

Periodismo Independiente

José María Ramos, El Colef

@ramos468

Este 20 enero concluye uno de los procesos más complejos en la historia de la democracia de Estados Unidos. Asume la administración un gobierno demócrata con una sociedad muy polarizada, –el 77% de los votantes de Trump cree que Biden ha ganado por fraude–  cuyos simpatizantes de Trump podrían desarrollar acciones de protesta en varias ciudades estadounidenses. Y en donde las acciones violentas en el Congreso a inicios de año han justificado un segundo impecheament al presidente Trump. La ausencia del presidente Trump en la ceremonia de cambio presidencial rompe con una tradición desde el año 1877, que fortalece la democracia, legitima el proceso electoral y la unidad nacional.

La violencia dividirá más a la sociedad estadounidense y en especial a los republicanos –véase la declaración de Mitch McConnell criticando el asalto al Congreso-. Con lo cual su legitimidad se verá cuestionada y fortalecería el proyecto demócrata.

Las prioridades de la agenda gubernamental demócrata son visibles en el corto plazo:

Fortalecer una nueva estrategia integral contra la pandemia, luego del desinterés del  presidente Trump, que se refleja en cerca de 40 mil estadounidenses fallecidos en enero del presente año y 24, 216.856 personas contagiadas y 401, 174 fallecidas al 19 de enero.

La propuesta de Biden pretende proveer 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de Gobierno. También invocará la ley de Producción de Defensa, que autoriza al presidente a exigir que las empresas prioricen contratos para productos prioritarios. Se propone una partida de 400.000 millones para combatir la pandemia, 20.000 millones destinados a la distribución de la vacuna y otros 50.000  para test de coronavirus. 

Además ha propuesto un nuevo paquete de estímulo por 1.9 billones de dólares, destinado a reducir al país de su peor crisis económica desde los años treinta. 

También se propondrá una reforma inmigratoria para regularizar a cerca de 11 millones de migrantes irregulares. Un hecho inédito, considerando que la principal política de regularización migratoria fue promovida por el presidente Reagan en 1986. Entre los principales beneficiarios se encuentran los migrantes bajo DACA (la acción diferida para los llegados en la infancia) y los TPS  (un estatus de protección temporal a migrantes de Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre otros). 

El proyecto contempla una residencia temporal de ocho años para los 11 millones de indocumentados, al término de los cuales podrán solicitar la tarjeta de residencia. Tres años después, podrían optar a la ciudadanía. Otro reflejo de la política humanitaria de la nueva administración demócrata es el interés gubernamental de reunificar a cerca de 600 niños que fueron separados en la frontera por la política migratoria de Trump en los últimos años. 

La orden ejecutiva en materia migratoria también contempla un plan para reforzar la seguridad fronteriza mediante el uso de  tecnología. Con esta iniciativa se da continuidad al reforzamiento de la frontera con México y con ello se pretende tener el aval de los republicanos. La propuesta de nombramiento de  Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, como coordinadora de asuntos para la frontera sur e integrada en el Consejo de Seguridad Nacional, refleja la prioridad del nuevo gobierno con la agenda de seguridad y migración con México y Centroamérica.

En ese marco, las caravanas de migrantes hondureños se reducirían con una política de contención migratoria, recursos financieros a un plan de desarrollo en Centroamérica y acuerdos bilaterales en materia laboral con Estados Unidos con el fin de aumentar las visas para trabajadores no agrícolas (H2B) y de tipo agrícola (H2A). Cabe mencionar que Guatemala es el tercer país a nivel mundial que aporta trabajadores temporales mediante visas H2 a Estados Unidos. La contención migratoria de hondureños de este domingo por el gobierno de Guatemala se comprende bajo esa cooperación con Estados Unidos.