CITA TEXTUAL

Periodismo Independiente

José María Ramos, profesor El Colef

@ramos468

Se aproximan los primeros 100 días de la administración del presidente Biden. El nuevo gobierno ha propuesto una agenda distinta con respecto a la pasada administración de Trump. Esta agenda ha repercutido en su relación binacional e internacional. Con lo cual está marcando un sesgo diferente. Algunas diferencias son las siguientes:

COVID-19

El presidente Biden superó su propósito original: se proponía vacunar a 100 millones de estadunidenses en sus primeros 100 días. Estados Unidos al 23 de abril tiene cerca de 226 millones de personas vacunadas (28.2 % completamente vacunadas). La pasada administración no tuvo una estrategia nacional eficaz contra la pandemia.

Un desafío es integrar esta estrategia de salud  con la reactivación comercial, en donde la frontera con México debería ser una prioridad. La gestión de los cruces transfronterizos no refleja cambios sustanciales con respecto a la pasada administración. Se mantiene cerrada por 13 meses a los mexicanos con visa estadounidense, lo que reflejaría un criterio de exclusión.

Reactivación económica e inversiones en infraestructura

El presidente Biden propuso un plan de rescate de la pandemia, de 1,9 billones de dólares aprobado por el Congreso en marzo. Además, propuso un plan de infraestructuras, con inversiones de dos billones de dólares a ocho años y que impactaría en millones de empleos, la mayoría de ellos asociados a una economía verde. Este plan de infraestructura se financiaría con base de una reforma fiscal orientada hacia las multinacionales —incluidas las grandes empresas tecnológicas— que han evitado el pago de impuestos federales. La reforma fiscal pretende subir el impuesto de sociedades del 21% al 28%, con lo cual se pretende recaudar 2,5 billones de dólares en los próximos 15 años (El País, 25 abril 2021).

Política y gestión migratoria

En esta materia ha habido un cambio fundamental con respecto al gobierno anterior. El gobierno plantea una nueva gestión migratoria, privilegiando la integración de  los menores no acompañados, luego de la política de exclusión de la pasada administración, que canceló el programa de reunificación familiar. Este programa ha provocado un aumento en el flujo de menores no acompañados. Con lo cual han aumentado las detenciones, cerca de 18, 800 en el mes de marzo, según datos del CBP,  el mayor número desde hace 15 años. Cuyo número de deportaciones se estima en 170 mil en el mes de marzo, la mayor parte de origen mexicano. Se mantiene el Título 42 con la cual se deporta de manera inmediata a los migrantes irregulares por el contexto de la pandemia. Sin embargo, existe una demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) (Chicago Tribune, 1 abril 2021) que la administración Biden ha heredado, con la cual se pretende impedir que el gobierno aplique esa directiva a las familias migrantes, por las implicaciones de persecución al ser deportados. En caso de ser suprimida la directiva 42, podría cuestionar la estrategia fronteriza de la administración y generar un nuevo desafío de detención. El punto de interpretación legal es que si bien la directiva 42 prohíbe la “introducción” de extranjeros en EEUU por razones de la pandemia, pero no impide que se les expulse a ciudadanos extranjeros que ya hayan cruzado al país de manera ilegal.

Otra interpretación de mantener la directiva 42, es que con tal política de control migratorio, el presidente  Biden pretendería tener el aval político del Senado para su reforma migratoria, que sigue siendo su prioridad principal. Y sería la primera reforma migratoria de una administración demócrata. 

Iniciativas ejecutivas y el control de armas 

En Estados Unidos se han presentado al menos 150  tiroteos masivos en 2021, según datos del Archivo de Violencia con Armas (GVA), (CNN, 16 abril 2021). En tal contexto, el Presidente Biden propuso el 8 de abril algunas órdenes ejecutivas al Departamento de Justicia para que en 30 días emita regulaciones sobre las armas ensambladas de forma casera a partir de varias piezas y que carecen de serie para rastrearlos. Es legal la fabricación de este tipo de armas y no existe un requisito federal para una verificación. Una segunda orden ejecutiva, endurecerá las regulaciones sobre las pistolas que se adaptan como rifles, -fue el tipo de arma utilizada por el agresor de Boulder, Colorado, el mes pasado, quien asesinó a diez personas -. Estas armas serán consideradas como rifles de corto alcance. De esta forma, los propietarios de esas armas requerirán una licencia federal. Además, el presidente Biden pedirá a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que publique un informe anual sobre el tráfico de armas de fuego en este país. También se pretende orientar inversiones en programas de intervención contra la violencia comunitaria

Estas medidas son un avance, pero insuficientes, se requiere un apoyo bipartidista para una legislación integral. Por ejemplo, es necesario otras normas como la reintroducción del veto a las armas de asalto, el levantamiento de una exención en las demandas contra los fabricantes de armas y la aprobación de una ley de alerta roja en el ámbito nacional. Sin embargo, las medidas de control de armas no serán viables debido a un Senado dividido y donde los republicanos se mantienen como un bloque unificado contra las propuestas presidenciales. Además, la Asociación Nacional del Rifle han sido muy crítica contra estas iniciativas presidenciales, afirmando que pretenden desmantelar la Segunda Enmienda, la cual establece el derecho a los estadounidenses a adquirir y portar armas. Es de mencionar que tal Asociación tiene un eficaz cabildeo en el Congreso para evitar un cambio en la legislación.

Abusos policiales y violencia

Uno de los principales problemas en la pasada administración fue el exceso de fuerza policial y que se manifestó con la  muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 en el área de Powderhorn, en Minneapolis, Minnesota. Con la cual se acentuó el debate sobre racismo, xenofobia y abusos policiales hacia ciudadanos afroestadounidenses. En ese contexto, el entonces presidente Trump firmó a mediados de junio del 2020 una orden ejecutiva para reformar los sistemas policiales del país, tras las protestas del asesinato de Floyd. La medida estipula entre otras acciones mejores prácticas policiales.

Recientemente han ocurrido otros casos de abuso policial, en la misma de ciudad de Minneapolis en donde fue asesinado el joven afroamericano Daunte Wright por una agente policial. En Chicago, también hubo manifestaciones contra la violencia policial. La muerte de Adam Toledo de solo 13 años fue la causa. Estos excesos policiales implican mejorar los protocolos de actuación policial y mayor respeto a los derechos civiles y humanos en especial de las minorías. El presidente Biden concibe que existe un racismo sistémico.

El 19 de abril Derek Chauvin fue declarado culpable de haber dado muerte a George Floyd, por el jurado con los argumentos de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave. Hecho poco común contra un policía blanco. El reto de esta sentencia es que ya no existan casos de violencia policial. Para tal efecto es fundamental que se concretice una reforma policial que evite los excesos del uso de fuerza en detenciones. 

Política de cambio climático 

Un tema central de la agenda de presidente Biden. Por lo cual convocó  el 22 y 23 de abril, a los líderes de 17 países que son responsables del 80% de las emisiones globales. Con la reunión mundial se pretende reparar la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), que debía haberse celebrado en noviembre de 2020, pero que fue pospuesta por la pandemia y está previsto que tenga lugar entre el 1 y el 12 de noviembre del 2021. El presidente Biden pretende hacer de la crisis climática uno de los ejes centrales, para lo cual nombró a John Kerry como enviado especial del clima, y ha propuesto una inversión de 1,7 billones de dólares en energías limpias y se propone se reduzca a cero sus emisiones de gases con efecto invernadero para el año 2050.

Un logro importante fue el acuerdo suscrito con China en el marco de la visita de John Kerry –representante especial de la agenda climática- con su homólogo chino, Xie Zhenhua del 14 al 17 de abril. Ambos países son  los mayores emisores de gases invernadero del mundo y acordaron colaborar en la lucha contra el cambio climático y cooperar en frentes multilaterales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París. Otras medidas acordadas fueron el fortalecimiento de las “inversiones y la financiación internacionales”, para apoyar la transición a la energía verde en los países en desarrollo. También prevén la eliminación gradual de la producción y el consumo de los gases que se utilizan principalmente en refrigeración, acondicionadores de aire y aerosoles (El País, 18 abril 2021). Cabe mencionar que el acuerdo de París de 2015, fue negociado por John Kerry en calidad de secretario de Estado, en donde se comprometieron las naciones a controlar los aumentos de temperatura en no más de dos grados. El acuerdo bilateral suscrito refleja la voluntad de ambos países de superar sus diferencias estructurales en materia de derechos humanos en la región de Xinjiang y Hong Kong, las presiones de Pekín sobre Taiwán o su guerra tecnológica.

Política antidroga 

En este tema no se había planteado una agenda presidencial explícita en el ámbito internacional o binacional. Acorde a la Oficina Nacional para el Control y las Políticas sobre Drogas (ONDCP, 2021) el contexto del consumo de drogas radica desde el 2015 cuando las muertes por sobredosis en el país se incrementaron en un 35 por ciento y llegaron a 70,630 muertos en el 2019. El aumento se atribuye principalmente al consumo de opiáceos sintéticos y fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Se reconoce que estas drogas provienen del exterior, por lo cual se fortalecerá la cooperación con Colombia y México (ONDCP, ibídem). Se pretende diseñar una estrategia integral para responder a la producción ilegal de drogas, y promover la cooperación bilateral en enfoques de salud pública, institucionalidad y el desarrollo de infraestructura.

A principios de abril la Casa Blanca a través de la ONDCP (Ibídem). da a conocer su política antidrogas la cual se basa en seis prioridades: Ampliar el acceso al tratamiento basado en evidencia; promover la equidad racial en el enfoque de la política de drogas; mejorar los esfuerzos de reducción de daños basados ​​en evidencia; apoyar los esfuerzos de prevención basados ​​en la evidencia para reducir el consumo entre los jóvenes; reducir la oferta de sustancias ilícitas; promover lugares para la recuperación y tratamiento de adicciones; y ampliar el acceso a los servicios de apoyo a la recuperación (ONDCP, 2021). El reto de estas prioridades gubernamentales es su factibilidad institucional, en términos de capacidades para la implementación y si existirán los recursos financieros.

Es destacar que el presidente Biden, estuvo 36 años consecutivos en el Senado representando a Delaware. Entre 1973 y 2009, propuso leyes con México. En temas como narcotráfico y seguridad. Incluso  propuso una alerta de viaje a los ciudadanos estadounidenses de evitar viajar a Jalisco, a raíz del asesinato en 1982 de Enrique Camarena, entonces agente especial de la DEA 

Como se aprecia, la agenda del presidente Biden a 100 días de su gestión refleja cambios, logros y retos por abordar. Ha marcado una diferencia en la mayor parte de los temas de política interna e internacional con respecto al gobierno de Trump. Es tal su dinamismo, que considera postularse para un segundo período presidencial. Lo cual dependerá de su eficacia gubernamental y de sus capacidades físicas.