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Periodismo Independiente

Agenda Harris/Ebrard/Jacobson: ¿mayor corresponsabilidad?

José María Ramos, profesor El Colef

@ramos468

La nueva política de Estados Unidos hacia la migración está redefiniendo la agenda con México y Centroamérica. Este cambio se reflejó en el encuentro del canciller Marcelo Ebrard con  Roberta Jacobson, coordinadora de la frontera sur del gobierno de Estados Unidos, y con  Juan González, Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad; Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte y John Creamer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México.

El cambio se aprecia en la diversidad de temas: gestión migratoria, inclusión laboral, desarrollo, protección legal a menores, mecanismos de control anticorrupción, derechos humanos, seguridad fronteriza, derecho  migratorio y atención al COVID-19.

¿Será viable gestionar esta agenda multidimensional y multinivel y que permita reducir la actual situación y garantice el aval político de los senadores republicanos a una reforma migratoria, que es la prioridad central del presidente Biden? 

El nombramiento de Kamala Harris, Vicepresidenta de Estados Unidos por parte del presidente Biden este 24 marzo refleja la prioridad gubernamental a gestionar tal agenda con un enfoque de corresponsabilidad  y en especial fortalecer el estado de derecho y la institucionalidad en los países centroamericanos.

Las funciones de la Vicepresidenta Harris serán supervisar la política migratoria con medidas para fortalecer la frontera y programas para que los centroamericanos puedan tramitar sus solicitudes de asilo desde sus países de origen. En segundo lugar, la Vicepresidenta Harris supervisará la colaboración con los países del Triángulo Norte con la idea de asegurar una mayor corresponsabilidad e institucionalidad de los países involucrados. A cambio,  dichos países recibirían recursos para incentivar el crecimiento a través de una actualización del Plan para la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica, alternativas de visas laborales, extensión del Estatus de Protección Laboral (TPS) para Honduras, El Salvador y Nicaragua  y la reforma inmigratoria que beneficiaría a cerca de 11 millones de migrantes irregulares en Estados Unidos.

La nueva agenda de la política migratoria estadounidense aborda las siguientes dimensiones: 

1) Atención a las demandas de los niños y niñas migrantes no acompañados, 

Se espera una nueva gestión migratoria para integrar a los cerca de 5.000 menores de edad en custodia del Custom Border Protection (CBP), mientras que los albergues del Departamento de Salud acogen a cerca de 15 mil  niños y adolescentes que han cruzado la frontera sin la compañía de sus padres. Estos menores son la  prioridad del gobierno del presidente Biden. 

2) Mecanismos de repatriación y de coordinación de los flujos de menores

La dificultad del gobierno estadounidense de atender a un mayor número de menores no acompañados implicará una gestión trilateral con México y Centroamérica y con ello una mayor corresponsabilidad. Las opciones de política son creación de mecanismos de contención y disuasión a esos flujos vulnerables, mediante opciones de desarrollo social, contención migratoria y una mayor institucionalidad de los países centroamericanos. Es de destacar que la delegación estadounidense se reunió con Instituto Nacional de Migración (INM) para promover un modelo migratorio que concilie los derechos humanos, una migración ordenada, segura y regular.

3) Opciones laborables para los migrantes centroamericanos: TPS y Visas laborables H2A

El pasado viernes el Congreso estadounidense aprobó parcialmente esas dos iniciativas de ley  que benefician a los migrantes centroamericanos en Estados Unidos y abre nuevas opciones laborables. Este es un cambio relevante en la política migratoria y se esperaría sea ratificado por el Senado. 

4)  Mecanismos de control anticorrupción e institucionalidad

Una de las propuestas del nuevo gobierno estadounidense es la creación de un mecanismo de control de la corrupción institucional y que permitan que los posibles recursos financieros externos generen crecimiento, alternativas laborales y que impacten en una contención migratoria. Esos mecanismos sustituirían a la  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (MACCIH).

5) Políticas de desarrollo hacia Centroamérica

En el encuentro de ayer entre el canciller Ebrard y Jacobson participó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en donde presentó el Plan de Desarrollo Integral para el norte de Centroamérica a las autoridades de Estados Unidos. Un plan que contiene 15 programas y 117 proyectos. Este plan no fue apoyado por la administración de Trump. Y el gobierno de Biden tendrá dudas de la viabilidad del programa y sus impactos en el corto y mediano plazo. Esta administración le apuesta a un enfoque mix: seguridad, desarrollo e institucionalidad y a través de una versión actualizada del Plan para la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica. Al cual se pretende canalizar 700 millones de dólares, que serán insuficientes a la actual complejidad social y déficit constitucional en Centroamérica. Sin una mayor responsabilidad gubernamental de países como Honduras, El Salvador y Guatemala el programa que se acuerde podría ser otro más. 

6) Políticas de contención migratoria y de pandemia.

La política de Estados Unidos y México se enfrenta al reto de promover una gobernanza multinivel y transversal en materia de migración, controles sanitarios y protección a los derechos humanos en la frontera sur. La reciente ratificación del Senado de Xavier Becerra como Secretario de Salud y Servicios Humanos  y su presencia en el nombramiento de la Vicepresidenta Harris como responsable de la gestión de la política hacia Centroamérica, genera algunas esperanzas de un cambio de enfoque de la política de la pandemia hacia las fronteras.

En suma, la nueva política migratoria de Estados Unidos implica una agenda diversa y compleja, que conllevará a una mayor y eficaz corresponsabilidad en temas tales como  gestión migratoria, inclusión laboral, políticas de desarrollo, protección legal a menores, mecanismos de control anticorrupción, derechos humanos, seguridad fronteriza, derecho  migratorio y atención al COVID-19.